el_faro_user A partir del viernes 9 de enero de 2026, México implementó el registro obligatorio de líneas celulares como parte de un esquema de control orientado a reforzar la seguridad y la verificación de identidad, con el objetivo de combatir los fraudes telefónicos. Sin embargo, a un mes de que finalice el periodo para cumplir con esta disposición, la respuesta ciudadana ha sido limitada.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que, de aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas activas en el país, sólo cerca de 30 millones han sido registradas desde el inicio del proyecto. Esto representa menos del 30% de la población con líneas móviles, evidenciando un bajo nivel de colaboración y una marcada desconfianza hacia la medida.
De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, los proveedores de servicios deberán deshabilitar temporalmente las líneas que no hayan sido vinculadas a un titular. Esta suspensión, que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2026, permitirá únicamente llamadas a números de emergencia como 911, 089 y 088, así como a líneas de soporte del operador. Es importante destacar que la suspensión del servicio no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales, por lo que deberán continuar pagando su plan o equipo, aun cuando su línea permanezca restringida.
La baja tasa de registro, que deja alrededor de 128 millones de líneas sin vincular, ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo para el cumplimiento de la medida. Mientras tanto, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la participación, utilizando redes sociales, sitios oficiales, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, incluyendo espacios en el transporte público como el Metro y Metrobús.
Este escenario refleja el escepticismo de la población mexicana ante iniciativas que, aunque buscan fortalecer la seguridad, implican un mayor control estatal sobre la información personal y los servicios privados. La resistencia al registro obligatorio pone en entredicho la efectividad de políticas que, si bien persiguen fines legítimos, pueden generar tensiones entre la protección de la seguridad y el respeto a la propiedad y la libertad individual.
