el_faro_user Paulina González Garibay, exempleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se encuentra en el centro de la atención pública tras revelarse que percibió más de 60 millones de pesos como remuneración anual neta durante 2023, de acuerdo con su declaración patrimonial. González Garibay laboró en el área de CFE-Distribución, específicamente en las Oficinas Divisionales con sede en Puebla, Puebla.
La cifra reportada por la funcionaria supera ampliamente los salarios habituales dentro del sector público, incluso para altos mandos, y ha levantado cuestionamientos sobre los mecanismos internos de transparencia y control de la empresa productiva del Estado. En su declaración de modificación 2024, González Garibay reportó un ingreso neto por su cargo público de $60,343,974 pesos durante el año inmediato anterior, sin registrar ingresos adicionales por actividades privadas, industriales, comerciales o profesionales.
El pasado 27 de febrero de 2025, la División de Distribución Centro Oriente de la CFE en Puebla emitió una carta oficial que restringe el acceso de González Garibay a las instalaciones de la empresa. El oficio, firmado por el Lic. Manuel Dehesa Toledo, jefe del Departamento de Servicios Generales, instruyó a la empresa de vigilancia Secumax a no permitir el ingreso de la exfuncionaria “por ningún motivo” y pidió discreción al personal de seguridad encargado de aplicar la medida.
Este caso se presenta en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de recursos públicos en empresas estatales y coincide con el impacto de la reciente reforma al artículo 127 constitucional. Más de 93 mil jubilados de organismos como Pemex, CFE, Banobras y la extinta Luz y Fuerza del Centro enfrentan la posibilidad de recortes de hasta un 60% en sus pensiones, debido a la implementación de un tope máximo de $67,145 pesos mensuales para 2026 en las llamadas “pensiones doradas”. Esta reforma excluye únicamente a los integrantes de las fuerzas armadas y ha generado controversias legales, ya que su aplicación retroactiva podría contravenir el principio de irretroactividad de la ley establecido en el artículo 14 de la Constitución.
La situación refleja los retos de sostenibilidad financiera que enfrenta el sector público ante pasivos laborales crecientes y la presión de alinear las prestaciones con la realidad fiscal del país. Mientras altos funcionarios pueden recibir ingresos extraordinarios, miles de jubilados ven amenazada su estabilidad económica, lo que subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y proteger la seguridad jurídica de quienes dedicaron su vida al servicio público.
En una economía donde la empresa privada y la propiedad individual son pilares del bienestar y la movilidad social, resulta imprescindible garantizar que la función pública opere con transparencia y estricto apego a la ley. La confianza en las instituciones, indispensable para preservar el orden y la certidumbre jurídica, depende de la congruencia entre el discurso oficial y los hechos observados en la administración de los recursos públicos.
