el_faro_user El reciente pronunciamiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los afromexicanos en México ha puesto en evidencia que, pese a avances constitucionales, el país aún enfrenta retos significativos en materia de discriminación estructural, acceso a la justicia y representación efectiva de este sector de la población.
Durante su visita oficial, Isabelle Mamadou, presidenta del Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU, acompañada de Catherine Namakula, subrayó que el color de piel sigue utilizándose como criterio de sospecha en operativos policiales y migratorios, así como en espacios públicos como estaciones de autobuses y aeropuertos. “El perfilamiento racial sigue siendo endémico en el país”, puntualizó Mamadou, quien además lamentó la falta de datos desagregados en sectores clave que permitirían diseñar políticas públicas más efectivas.
Este señalamiento no es menor en una nación que, si bien reconoció constitucionalmente a los pueblos afromexicanos en 2019, aún no logra traducir ese reconocimiento en resultados tangibles. Las expertas advirtieron que la ausencia de datos precisos sobre desapariciones, migración y acceso a la justicia de personas afrodescendientes perpetúa su invisibilidad y vulnerabilidad. La estadística, en este sentido, no es solo un instrumento técnico, sino una herramienta fundamental para garantizar derechos y equidad.
En conferencia de prensa al término de su visita, Mamadou y Namakula reconocieron los progresos logrados en materia de reformas legales y visibilidad estadística, pero advirtieron que “el reconocimiento sin implementación corre el riesgo de convertirse en una promesa vacía”, profundizando la desigualdad en lugar de resolverla.
El informe preliminar de la ONU recomienda reformas legales y de políticas públicas orientadas a la justicia reparadora, la inclusión de los afromexicanos en la memoria histórica, la creación de una institución especializada y la revisión de los planes de estudio educativo. Además, se hizo hincapié en la necesidad de que las políticas públicas adopten un enfoque diferenciado y antirracista, evitando subsumir a los afromexicanos bajo marcos institucionales diseñados para otros grupos, como los pueblos indígenas.
El llamado de la ONU a la voluntad política sostenida y a la participación significativa de las comunidades afromexicanas en la toma de decisiones representa un desafío tanto para el Estado como para la sociedad civil. La deuda histórica con estos mexicanos requiere, por un lado, la firme defensa de la propiedad y la iniciativa privada, que son motores probados de desarrollo y movilidad social, y por otro, la garantía de un marco normativo e institucional que promueva el orden y la igualdad ante la ley, sin caer en excesos de intervención estatal que puedan obstaculizar la eficiencia y la innovación.
En septiembre y octubre próximos, el Grupo de Trabajo de la ONU presentará un informe completo ante el Consejo de Derechos Humanos. Será entonces cuando México deba demostrar, con resultados concretos, su capacidad para transformar el reconocimiento constitucional en una realidad de derechos efectivos para los afromexicanos. La credibilidad del país está en juego, así como su compromiso con los principios de inclusión, legalidad y respeto a la diversidad que exige la sociedad contemporánea.
