el_faro_user El presidente Donald Trump firmó este lunes una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”, la cual establece nuevas obligaciones de vigilancia para bancos y entidades financieras. Esta medida podría tener un efecto inmediato sobre el flujo de remesas que millones de migrantes mexicanos envían mensualmente a sus familias, constituyendo un golpe sensible para la economía mexicana.
Aunque el texto de la orden no menciona de manera explícita las remesas, las disposiciones incluidas apuntan directamente a las transferencias internacionales de bajo monto, el uso de plataformas de pago entre particulares y la estructuración de depósitos o retiros pequeños, prácticas comunes entre quienes envían dinero desde Estados Unidos hacia México. Asimismo, se instruye al Departamento del Tesoro a emitir, en los siguientes 60 días, un aviso formal a las instituciones financieras sobre los riesgos asociados a estos movimientos, considerando incluso la posibilidad de solicitar información sobre el estatus migratorio de los clientes cuando existan señales de riesgo.
El impacto potencial para México no es menor. Actualmente, el país es el tercer mayor receptor de remesas a nivel global, y en 2025 el Banco de México reportó ingresos superiores a los 64 mil millones de dólares en este rubro, la gran mayoría provenientes de territorio estadounidense. La orden ejecutiva no prohíbe expresamente las remesas, pero abre la puerta a una supervisión más estricta, a la solicitud de documentación adicional y al eventual rechazo de transacciones realizadas por migrantes sin estatus legal, quienes representan una proporción significativa de los emisores de remesas.
Un aspecto particularmente delicado es la mención del ITIN (Número de Identificación Fiscal Individual), documento utilizado por miles de migrantes indocumentados para acceder a servicios bancarios y realizar transferencias. La orden señala que el uso de ITIN “puede identificarse como un factor de riesgo que requiere diligencia debida reforzada”, lo que en la práctica podría traducirse en mayores obstáculos para quienes dependen de este número para enviar dinero a sus familias.
En los próximos dos meses, los reguladores federales —incluyendo la Reserva Federal y la FDIC— deberán emitir directrices específicas sobre la gestión de riesgos crediticios asociados a la población migrante sin autorización de trabajo, lo que podría endurecer también el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Históricamente, las transferencias de migrantes han sido un pilar para millones de familias mexicanas, y cualquier restricción o burocracia adicional puede tener consecuencias económicas y sociales significativas. Si bien la integridad del sistema financiero es un objetivo legítimo, resulta fundamental que las medidas de vigilancia no se conviertan en barreras insalvables para quienes, a falta de oportunidades en su país de origen, buscan mejorar el bienestar de los suyos mediante el esfuerzo individual y el trabajo honrado.
Desde la perspectiva del orden y la propiedad privada, es esencial que las instituciones financieras equilibren la prevención de actividades ilícitas con el respeto a los derechos de los usuarios y la libre circulación de capitales. Un exceso de intervención estatal podría asfixiar no solo la economía familiar de los migrantes, sino también el dinamismo de las economías locales en México que dependen de estos recursos.
