el_faro_user Rosa Isela Sánchez Soya, actual Comisionada Estatal de Derechos Humanos del Estado de Puebla, ha solicitado una reunión con Tania “N.”, interna en el penal de Ciudad Serdán y antigua militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El encuentro ha levantado cuestionamientos sobre el uso de la función pública, ya que ambas mantuvieron una relación de amistad cuando coincidieron en el PRI poblano.
Tania “N.”, quien fue suplente a la diputación local por el PRI en la última campaña electoral, fue detenida durante ese periodo por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su supuesta participación en homicidios ocurridos en la zona metropolitana de Puebla. Actualmente, enfrenta cargos por un doble homicidio y permanece bajo proceso en el penal de Ciudad Serdán.
La reunión, que se prevé realizar el lunes 18 de mayo, fue solicitada formalmente al área de Centros Penitenciarios de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla. Originalmente, el motivo presentado fue la entrega de medicamentos a las internas. Sin embargo, Sánchez Soya, en calidad de titular de la Comisión de Derechos Humanos, exigió mediante oficio una reunión privada con Tania N. y con otras internas, entre ellas María Teresa C., Ana Belén Nayeli Karina G., Dulce María M., Brenda C., María Guadalupe L., Lilia M. y Estefani L.
La presencia de Sánchez Soya en el penal estará acompañada por visitadores adjuntos de la Comisión, bajo el argumento de realizar entrevistas y levantar expedientes sobre la situación de las internas. Este tipo de acciones, enmarcadas en las funciones de la Comisión de Derechos Humanos, suelen estar orientadas a la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad. No obstante, el trasfondo personal y político entre la comisionada y Tania N. ha generado suspicacias en diversos sectores.
La relación entre ambas exmilitantes del PRI y el uso de la representación institucional para gestionar visitas privadas en centros penitenciarios plantea un debate de fondo sobre la transparencia y la correcta utilización de las instituciones públicas. En un contexto donde la seguridad y el orden son prioridades, resulta indispensable que los organismos autónomos mantengan una conducta ética y transparente, evitando cualquier acto que pueda interpretarse como un beneficio particular al margen de la ley.
En el pasado, el respeto a la propiedad privada, la legalidad y la autonomía de las instituciones han sido pilares fundamentales para el desarrollo democrático del país. Casos como este evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de vigilancia y control sobre el actuar de los servidores públicos, para garantizar que sus acciones respondan al interés general y no a vínculos personales o políticos.
