el_faro_user El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció la adquisición del Tren Suburbano, que dejará de operar bajo concesión privada para pasar a ser gestionado por el Estado bajo el nuevo nombre de Tren “Felipe Ángeles”. La decisión, dada a conocer durante la conferencia matutina de la mandataria, marca un cambio significativo en la política ferroviaria nacional y en la relación entre el sector público y privado en materia de infraestructura.
Según lo informado, la adquisición se realizó de común acuerdo con las empresas privadas que hasta ahora operaban el sistema, y se enmarca en una estrategia gubernamental para recuperar el control de los trenes de pasajeros. El primer paso visible de este cambio será la inauguración, el domingo 26 de abril, del tramo Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), diseñado para mejorar la conectividad en la zona metropolitana del Valle de México.
Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras, detalló que la operación implicó una inversión de 5 mil 999 millones de pesos, financiada a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), el cual, tras la compra, tendrá el 100% de participación, formalizando así la creación de una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria.
De acuerdo con lo informado, las tarifas del servicio se mantendrán sin cambios para los usuarios habituales: 11.50 pesos para tramos cortos y 26.50 pesos para trayectos largos. En el nuevo ramal hacia el AIFA, el costo durante el primer mes será de 11.50 pesos en estaciones intermedias y 45 pesos por el recorrido completo, con la posibilidad de ajustes posteriores tras una evaluación de la demanda y los costos operativos.
Este movimiento forma parte del llamado Plan México, que busca ampliar la red ferroviaria de pasajeros, con proyectos como los trenes México-Pachuca y México-Querétaro, entre otros. Si bien la mejora de la infraestructura de transporte es indispensable para la competitividad y el desarrollo económico del país, la decisión de sustituir la administración privada por una gestión estatal suscita dudas legítimas sobre la eficiencia operativa, la transparencia y el respeto a la inversión privada.
Históricamente, la participación del Estado en la operación de servicios públicos ha sido objeto de debate en México. Tras la privatización de los ferrocarriles en la década de 1990, el sector experimentó mejoras en eficiencia y servicio, aunque no exento de críticas y retos. La reciente tendencia a la estatización, observada en proyectos emblemáticos como el Tren Maya y ahora en el Tren Suburbano, plantea interrogantes sobre el equilibrio adecuado entre la rectoría estatal y la necesaria participación privada para mantener la innovación, la eficiencia y la responsabilidad financiera.
La conectividad y el transporte público son fundamentales para el desarrollo urbano y la competitividad, pero deben garantizarse bajo modelos que no desincentiven la inversión ni comprometan la calidad del servicio. El reto para la administración será demostrar que esta nueva etapa del Tren “Felipe Ángeles” puede superar los históricos problemas de la gestión pública y ofrecer beneficios tangibles a los ciudadanos, sin sacrificar los principios de eficiencia y responsabilidad que exigen los contribuyentes y usuarios.
